Hace años, un mal alumno y peor compañero, una persona que
se podría calificar como mala, en un intento de descalificarme inventó que
había falsificado la firma de un documento oficial. Preparó de forma sibilina
lo que estaba convencido que era una encerrona, y cuando estaban todos los
miembros del órgano rector reunidos presentó la acusación, avalándola con un
informe de un gabinete grafológico de gran prestigio en Valladolid. De forma
casual, se encontraba presente en la reunión el autor del documento, el cuan “juró
por Dios y por su honor” ser el autor de la citada firma. No contento con esta
contestación, el sujeto aludido presentó, ante el juzgado la correspondiente
denuncia, la cual finalizó de forma instantánea en la primera comparecencia ante
Juez. El Juez se mostró sorprendido y preguntó cual debían ser las razones por
las que se había presentado la denuncia, la contestación no pudo ser más clara:
“un deseo deliberado de hacer daño”.
Cito esta anécdota a propósito de la polémica, que un grupo
mediático ha puesto en marcha sobre la autoría de unos
documentos que involucran, en un escándalo económico, a un personaje político,
y por extensión a un gobierno. La prueba que presentan para avalar la acusación
es un informe de un prestigioso gabinete grafológico. En la comparecencia ante el
Juez, el acusado ha negado su autoría, pero los grafólogos mantienen su informe.
Espero que en este estudio no haya colaborado el gabinete de prestigio de
Valladolid, para bien del esclarecimiento de los hechos.
Como resumen, “al margen de velar por la transparencia en las
instituciones”, el fin que persigue el grupo mediático es doble; económico,
vender más, y político, hacer daño.